Por Monsetrrat García
Dudé mucho en escribir sobre este tema, porque es remover el pasado en un momento en que ha llegado la calma a mi vida profesional, además, porque a los periodistas no nos gusta ser parte de la noticia, sin embargo, precisamente por esa calma en mi vida y debido a los hechos ocurridos con el periodista, Ciro Gómez Leyva, creo que es un buen contexto para hablar sobre mi experiencia, que seguramente será muy parecida a la de miles de periodistas de a pie… A finales de 2019, recibí constantes descalificaciones desde las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pedro Escobedo por notas periodísticas en las que pobladores externaban su inconformidad por hechos de inseguridad en sus localidades, denuncias ciudadanas que son comunes en todas partes del país, lo que no es común, es que se utilice una red social oficial de una corporación POLICIAL para señalar o descalificar, de forma directa, a un(a) periodista, lo que no sólo vulneró mis derechos, además, propició que yo empezara a ser agredida por gente conectada a esa misma red social… En San Juan del Río muchas veces pasó que la autoridad municipal descalificaba en redes sociales al medio informativo en el que trabajé, pero no a los periodistas de a pie, aunque sí ocurrieron otras situaciones con compañeros y conmigo, algunas se hicieron públicas, la mayoría no, pero en mi caso fueron desgastándome emocionalmente por varios años, así que cuando ocurrió el ataque directo a mi persona en Pedro Escobedo, decidí iniciar una denuncia penal, fue en marzo de 2020 cuando busqué sentar el precedente y ayudar a que parara esto que estaba escalando en el estado, pero me pasó lo mismo que le pasa a la mayoría de la población que decide denunciar, las autoridades son insensibles y esperan que vayas muerta o casi muerta para identificar que hubo un agravio y muchas veces ni así, en mi caso se determinó que no hubo delito qué perseguir, porque yo estaba bien; ante esto considero necesario que las leyes ayuden a encuadrar de forma perfecta cualquier agresión, descalificación o intimidación que los periodistas reciban de una autoridad a través de redes sociales oficiales, pues se utiliza el aparato gubernamental para dañar a la ciudadanía, porque al final, eso somos los periodistas, ciudadanos, y es que a nivel nacional e internacional los ataques de presidentes o funcionarios hacia periodistas por medio de redes sociales se han agudizado, se les olvida que somos empleados, la mayoría con sueldos mínimos profesionales o menos, por lo que no contamos con recursos económicos para nuestra seguridad, como ellos, quienes tienen seguridad personal gracias a nuestros impuestos… Debido a estos ataques, también inicié una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, luego empezó el encierro por pandemia, esto y otras situaciones personales y familiares no me permitieron dar el debido seguimiento al caso para que se sentará un verdadero precedente que beneficiara al gremio. A pesar que tenía todo para hacerlo, nunca hice este caso mediático porque confié en las autoridades y en que las pruebas que presenté eran suficientes, sin embargo, no ha pasado nada, ni una disculpa pública, que fue lo que principalmente solicité, así como acciones para garantizar la seguridad y la libertad de expresión de periodistas y de la población, ya que las descalificaciones de la autoridad municipal surgieron por declaraciones de habitantes de las comunidades escobendenses… A casi tres años de distancia, lamento decir que, hasta el momento, no ha habido sanción para nadie; desde que pasó, decidí no volver a Pedro Escobedo, sólo lo hice un par de ocasiones por necesidad, fui y regresé rápido, porque quien me descalificó y vulneró mis derechos fue la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal, si algo me pasaba ¿A quién se supone que debía recurrir para pedir auxilio? Yo no tengo camioneta blindada, así como muchos periodistas de a pie, no la tienen.
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P.D. Comparto imagen de la última página del acuerdo de responsabilidad emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y del proyecto de acuerdo de responsabilidad del Municipio de Pedro Escobedo, del que no tengo noticia si en algo ha cumplido.
