*En rueda de prensa apoyada por Gilberto Herrera, senador de la república, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Desde el Senado de la República, comunidades indígenas del municipio de Amealco en Querétaro se sumaron a los pueblos de Maconí, Cadereyta, y de Escolásticas, Pedro Escobedo, para exigir que el gobierno estatal cumpla con su derecho humano al agua y deje de reprimir y perseguir a los defensores del agua en el estado.
En compañía del senador Gilberto Herrera Ruiz, pobladores de San Ildefonso y Santiago Mexquititlán denunciaron el saqueo de sus recursos naturales, particularmente del agua, el cual se está llevando a cabo con el amparo de las autoridades municipales y estatales.
Al respecto, el legislador reiteró que esta crisis de agua y de represión no es una situación aislada en Querétaro, sino que ha sido el actuar sistemático de la administración del gobernador Mauricio Kuri González.
En ese sentido, el senador Herrera Ruiz enfatizó el trabajo que está llevando a cabo el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta para sacar adelante una nueva Ley General de Aguas que salvaguarde el derecho humano a este líquido y evite que los gobiernos locales sigan lucrando con el agua.
Explicó que se busca que dicha ley prohíba la privatización de este recurso y asegure que el Estado asuma la responsabilidad de proporcionar este servicio a la población, especialmente en zonas rurales. Destacó que por intereses económicos se ha retrasado esta ley, pero la bancada de Morena está comprometida en sacarla adelante.
El senador Gilberto Herrera resaltó la lucha de las comunidades indígenas de Amealco por el derecho al agua y manifestó que la importancia de la Ley General de Aguas es proteger este recurso como un bien público ya que se ha convertido en un negocio de las capitales en las ciudades más grandes. El senador explicó que las empresas de agua sobreexplotan el recurso y lo venden hasta 500 por ciento más de su precio: “Los privados se han metido donde hay negocio, en las capitales y no en las zonas rurales”.
Por su parte, la regidora de Amealco, Josefina Martínez Pascual, señaló al gobernador por priorizar la violencia antes que resolver las problemáticas de la sociedad por la vía del diálogo y de atender una necesidad tan sentida como es la urgencia de contar con agua potable.
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Esto, en referencia a la represión del 10 de junio de 2022 que ordenó el gobernador Mauricio Kuri contra adultos mayores, indígenas, activistas, profesores y estudiantes universitarios que pacíficamente protestaban en las inmediaciones de la Comisión Estatal de Agua, bloqueando parcialmente uno de los sentidos de Av. 5 de Febrero como medida extrema ante la negativa de diálogo de dicha dependencia de gobierno.
La regidora denunció: “habemos compañeros de diversas comunidades que hemos sido reprimidos… Ya basta, nosotros los habitantes otomíes de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tuxtepec, de Amealco de Bonfil, llevamos alrededor de dos años protestando por la falta de agua potable en nuestras comunidades”.
Fue así que, exigió al gobierno estatal el cese de la represión y hostigamiento contra los pueblos indígenas; asimismo, solicitó la apertura de mesas de trabajo para resolver los conflictos socioambientales por el agua que aquejan a diversas comunidades, colonias y barrios en el estado de Querétaro.
Las comunidades indígenas queretanas presentes en el Senado de la República también se pronunciaron para que las instituciones como la Defensoría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpongan los recursos legales necesarios para derogar Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro que envió el gobernador a la legislatura local y que los diputados, de mayoría panista, aprobaron ‘fastrack’.
