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Reparación del daño será conforme a ley, en el caso del niño que sufrió amputación de tres dedos, dijo Guillermo Vega

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Reparación del daño será conforme a ley, en el caso del niño que sufrió amputación de tres dedos, dijo Guillermo Vega

Por Monsetrrat García

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que no habrá impunidad en el caso del niño que perdió tres dedos durante el curso de verano que implementó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Recordó que, de manera inmediata, se inició el procedimiento ante el Órgano Interno de Control, asunto que será resuelto en los próximos días, luego de lo cual habrá elementos para determinar lo que procede legalmente, descartó que haya intención de encubrir a los policías y aseguró que simplemente desean actuar conforme a la ley.

El procedimiento, dijo, se inició contra los cinco policías municipales y la responsable del área de Prevención del Delito, quienes comparecen ante el Órgano Interno de Control, por lo que agregó que “es un hecho indubitable que se tendrá que generar una reparación del daño, lo importante es que se determine quién, en primera instancia”.

Por indicaciones suyas, dijo, la titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Liliana San Martín Castillo, se ha reunido con los padres del menor, por lo que recalcó que el contacto existe, sin embargo, consideró que el caso adquirió tintes políticos con la intervención del abogado y extitular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, quien funge como abogado de los padres.

“Contacto con gobierno, hay; a mí me preocupa que hay un personaje que compitió en las elecciones pasadas, que es el doctor, Miguel Nava, que está tratando, digamos, de inmiscuirse en el tema, está en todo su derecho, pero conociéndolo, sus motivaciones no son, a mi juicio, profesionales, son políticas”.

Dijo a los padres “No deben tener duda de nosotros, porque hay que recordar que nosotros fuimos quienes pagamos a los padres de aquel menor de nombre Iker que perdió la vida atropellado por un elemento de la Policía, en una administración diversa a la mía”, responsabilidad que no se podía evadir, por lo que la resolución legal se cumplió pagándose seis millones de pesos.

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