*Las acciones se derivan de denuncias ciudadanas y buscan apoyar la regularización de usuarios, especialmente en zonas agrícolas y ejidales
Gregorio Cruz Martínez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro, informó que, en seguimiento a las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha iniciado un proceso de verificación y clausura de pozos irregulares en diversas zonas del estado, especialmente en la zona metropolitana.
Las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades municipales, con el objetivo de regularizar el uso del agua y atender denuncias ciudadanas, la mayoría de ellas anónimas. “Estamos trabajando en zonas como Tequisquiapan y la Sierra Gorda, revisando que los pozos cuenten con la documentación adecuada, medidores funcionando, prórrogas vigentes y volúmenes autorizados”, explicó Cruz Martínez.
Hasta el momento, se han clausurado varios pozos en la zona metropolitana, y las sanciones impuestas oscilan entre los 500 mil y el millón de pesos, dependiendo del tipo y gravedad de la infracción.
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En casos donde se detecta la venta ilegal de agua o el uso no autorizado del recurso, puede configurarse un delito federal. No obstante, Cruz aclaró que la Guardia Nacional actúa sólo como observadora, mientras que las sanciones administrativas son aplicadas directamente desde oficinas centrales de Conagua. “No basta con una denuncia para proceder. Verificamos en campo y, si se comprueba la irregularidad, se clausura el pozo y se impone la multa correspondiente”, puntualizó.
El director de Conagua subrayó que los casos detectados incluyen tanto a personas físicas como morales, y que se está trabajando activamente para brindar facilidades de regularización a productores del campo, particularmente a quienes integran el distrito de riego. “No es que la gente no quiera regularizarse, sino que durante años no se les dio seguimiento a sus trámites”, explicó. Gracias a la nueva política federal, se están retomando procesos detenidos desde hace años, especialmente en comunidades ejidales que dependen del agua para actividades agrícolas.
