*La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de invalidar la porción normativa “y la familia”, al considerar que refuerza la protección a víctimas de violencia de género
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la acción de inconstitucionalidad 154/2021, relacionada con la estructura y denominación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el estado de Chihuahua.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra del proyecto que planteaba declarar inválida la porción normativa “y la familia”, al considerar que dicha redacción no debilita la protección hacia las mujeres, sino que amplía el alcance de la autoridad ministerial para perseguir delitos relacionados con la violencia de género dentro del ámbito familiar.
“La necesidad de contar con fiscalías especializadas nace de la triste realidad que viven las mujeres en nuestro país, quienes día a día ven violentados sus derechos, son discriminadas, son lastimadas, son abusadas sexualmente e incluso asesinadas”, expresó la ministra durante su intervención en el máximo tribunal del país.
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Esquivel Mossa señaló que la alta incidencia de delitos por razón de género ha llevado a que tanto la Constitución como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias establezcan la obligación de que las fiscalías estatales cuenten con instancias especializadas para atender este tipo de delitos.
Asimismo, recordó que diversos instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y las recomendaciones del Comité CEDAW, han subrayado la importancia de garantizar una protección reforzada y el acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
De acuerdo con la ministra, la reforma legal que dio origen a la denominación impugnada buscó fortalecer la protección institucional, al precisar que delitos de género vinculados al entorno familiar —como la violencia familiar y la violencia vicaria— también deben ser investigados por esta fiscalía especializada.
Finalmente, el proyecto que buscaba declarar la invalidez de la expresión no alcanzó los votos necesarios, por lo que el Pleno desestimó la propuesta y el precepto legal se mantiene vigente.
