Por Monsetrrat García
*Familias aseguran haber sido víctimas de violaciones a sus derechos durante la investigación; piden intervención del gobernador y fiscal
Familias afectadas por el proceso de investigación en el caso del feminicidio de Perla Citalli, ocurrido hace un año en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, denunciaron públicamente presuntos abusos de autoridad, actos ilegales y violaciones a derechos humanos cometidos durante operativos encabezados por instancias de seguridad y procuración de justicia en el estado.
Durante rueda de prensa, el equipo de defensa legal, Javier Cervantes y David Ávila Monroy, así como la familia Olvera, encabezada por Claudia Licea Cortés y demás familiares del presunto culpable Karol “N”, señalaron que al menos ocho familias —que cuentan con menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad— fueron afectadas tras una serie de cateos y aseguramientos que calificaron como irregulares.
Sugerimos: Conmoción en Quintas de Guadalupe, tras localizar a mujer sin vida
“También las víctimas tienen derecho ocho familias que aproximadamente son 18 personas. Fuimos 18 personas las que nos llevaron detenidas ilegalmente, pero se abre a muchas más que hemos tenido afectaciones, muchas más que no se presentan aquí”.
De acuerdo con los testimonios, los operativos derivaron del seguimiento de la búsqueda del presunto autor del feminicidio de Perla Citlali, Karol “N”, quien se encuentra prófugo de la justicia, sin embargo, denunciaron que las acciones de la autoridad se extendieron de manera injustificada hacia personas que, aseguran, no tienen relación con los hechos e incluso no conocían a ninguna de las partes, pero los une algún lazo familiar, razón por la que han sido investigados, pero con acciones por parte de la autoridad que, consideraron, violentan sus derechos humanos.
Entre las principales acusaciones destacan cateos sin apego a protocolos legales, irrupciones violentas en domicilios, decomiso de objetos personales sin justificación, aseguramiento de viviendas y espacios laborales, lo que deja a varias familias sin patrimonio ni lugar dónde vivir.
“Son seis casas y dos centros laborales, son seis vehículos, teléfonos que no tenemos exactamente la cuenta en ese momento, pero durante un todo el año que se ha llevado el acto de molestia se han llevado demasiados”.
Asimismo, señalaron que durante estas intervenciones se registraron actos de intimidación, amenazas y detenciones que calificaron como ilegales, además de la retención de menores de edad, lo que habría generado afectaciones psicológicas y emocionales.
Sugerimos: Fiscalía activa búsqueda nacional e internacional de expareja de Perla Citlali
Uno de los casos expuestos fue el de una madre de familia que aseguró haber sido desalojada junto con sus hijas, una de ellas con discapacidad, además de perder herramientas esenciales para su educación. También denunciaron la muerte de una mascota que se encontraba bajo resguardo de las autoridades.
El equipo legal afirmó que presentaron múltiples recursos ante distintas instancias, incluyendo la Fiscalía Anticorrupción, la Defensoría de los Derechos Humanos y dependencias federales, sin obtener respuesta favorable hasta el momento.
Entre sus exigencias, solicitaron que se audite la carpeta de investigación con perspectiva de derechos humanos, que se deslinden responsabilidades por posibles abusos y que se garantice la restitución de sus bienes. Finalmente, hicieron un llamado al gobernador del estado, Mauricio Kuri González y al fiscal general para que intervengan en el caso, al asegurar que no buscan impunidad de Karol “N”, sino una investigación apegada a derecho que sancione a los responsables sin afectar a personas inocentes.
