Por Andy García
*Más de 100 bajas laborales se han registrado en la actual administración, aunque sólo cerca del 5 % demandó, señala el síndico, Francisco Landeras
La actual administración municipal de San Juan del Río contrató asesoría legal especializada para atender las demandas laborales promovidas por exempleados inconformes con su despido, confirmó el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, luego de reconocer que ya existen procesos iniciados tras las recientes bajas registradas dentro del gobierno municipal.
De acuerdo con lo informado por autoridades municipales, hasta finales de abril se contabilizaban más de 100 despidos dentro de distintas áreas de la administración; sin embargo, únicamente un porcentaje menor de extrabajadores habría optado por recurrir a instancias legales para inconformarse por su separación laboral.
“Efectivamente por eso la Secretaría de Administración y la Secretaría Jurídica están contratando esta asesoría para avanzar en estos temas”, explicó José Francisco Landeras.
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El regidor síndico señaló que, aunque no cuenta con una cifra exacta sobre cuántas demandas han sido presentadas formalmente, estimó que alrededor del 3 al 5 por ciento de las personas dadas de baja han iniciado algún procedimiento legal contra el municipio.
Comentó que los desacuerdos suelen derivar principalmente de inconformidades relacionadas con las liquidaciones ofrecidas o con las condiciones bajo las cuales concluyeron las relaciones laborales.
“La idea es llegar a un acuerdo. Cuando hay un despido o termina un contrato no es fácil para el trabajador y muchos buscan mecanismos legales para defenderse si consideran que no están recibiendo lo que solicitan”, sostuvo.
José Francisco Landeras añadió que las áreas jurídicas del municipio ya trabajan en la revisión de cada caso para tratar de resolver los conflictos mediante conciliaciones y evitar que los procesos escalen a litigios más prolongados.
Frente a este escenario, las autoridades municipales mantienen coordinación entre la Secretaría de Administración y la Secretaría Jurídica para dar seguimiento a las demandas y atender las negociaciones correspondientes con las personas afectadas.
