Por Andy García
*Regidora pide diálogo antes de aplicar más sanciones a transportistas
Las sanciones impuestas a concesionarios del transporte público en San Juan del Río por el incremento no autorizado en la tarifa han evidenciado la falta de diálogo entre la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y los prestadores del servicio, afirmó Vania Camacho Galván, regidora integrante de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento, quien consideró urgente que la autoridad estatal escuche y atienda las demandas del sector.
La regidora señaló que, aunque la AMEQ tiene facultades para vigilar el cumplimiento de las tarifas autorizadas y aplicar sanciones cuando corresponda, el problema de fondo no puede resolverse únicamente mediante operativos, multas o el envío de unidades al corralón, pues existe una inconformidad que requiere atención y acuerdos.
“Lo importante es escuchar y atender, y no solamente escuchar, sino resolver. Como autoridad tienen que resolver la problemática. Los propios concesionarios, los prestadores del servicio e incluso los usuarios lo que quieren es que se resuelva de manera ordenada y que la decisión sea benéfica para todos”, expresó.
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La integrante del Cabildo recordó que desde hace tiempo los transportistas han solicitado mesas de trabajo para exponer las razones que los llevaron a solicitar un ajuste tarifario, situación que, aseguró, no ha sido atendida de manera suficiente por parte de la autoridad estatal encargada de regular el transporte público.
“Creo que sí ha faltado muchísimo la cercanía, la apertura al diálogo y sobre todo una solución clara en donde se escuche y se tome en cuenta a todos quienes participan en este tema de la movilidad y del transporte público. La autoridad no puede cerrarse únicamente a sancionar sin atender primero las razones que existen detrás de esta problemática”, sostuvo.
Camacho Galván reconoció que la tarifa aplicada actualmente no cuenta con autorización oficial, pero insistió en que la solución debe construirse mediante el consenso entre autoridades, concesionarios y usuarios, evitando que una de las partes cargue con todas las consecuencias de un conflicto que se ha prolongado durante meses.
