*Proyecto inmobiliario que fue promocionado sin contar con los permisos ni las autorizaciones correspondientes; las personas ofendidas realizaron pagos por un gran monto de dinero
La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Carlos “N”, por su probable intervención en delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, relacionados con la comercialización de lotes en el proyecto inmobiliario Tierra Noble Juriquilla.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría utilizado 485 hectáreas de terrenos pertenecientes al Ejido El Zapote para desarrollar dicho proyecto, mediante el cual se ofertó al público la adquisición de lotes a través de redes sociales y promotores de venta.
Los actos de investigación permitieron establecer que diversas personas adquirieron lotes destinados presuntamente a usos habitacionales, comerciales y de servicios, por los que realizaron pagos de grandes cantidades de dinero. Sin embargo, al momento de su comercialización, el proyecto no contaba con los permisos ni las autorizaciones emitidas por el municipio de Querétaro u otra autoridad competente.
Para el esclarecimiento de los hechos se recabaron las querellas de las personas ofendidas, información contable que permitió acreditar la recepción y disposición del dinero, así como informes de las autoridades encargadas de autorizar proyectos inmobiliarios.
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Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial vinculó a proceso al imputado, y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Esta Fiscalía expuso argumentos y datos de prueba sólidos para solicitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, considerando el elevado número de víctimas, el millonario monto de la reparación del daño, las múltiples acciones realizadas por el imputado durante años para evadir la acción de la justicia, así como el riesgo que representa para la comunidad y para el patrimonio de numerosas familias.
No obstante lo anterior, la autoridad judicial determinó imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, que le permiten enfrentar su proceso en libertad, entre ellas la colocación de un brazalete electrónico.
Ante esta determinación, la Fiscalía General agotará los recursos legales procedentes para buscar la modificación de dicha medida cautelar, salvaguardar los derechos de las víctimas y garantizar la reparación integral del daño.
