Por Monsetrrat García
*A decir de familiares, se aplicaron medidas insuficientes frente a la magnitud del daño, pues no garantizan que el imputado enfrente el proceso penal sin riesgo de fuga
Con profundo dolor, pero también con argumentos legales, familiares de las víctimas del accidente de autobús ocurrido el pasado 22 de abril en la carretera estatal 310, exigen justicia ante lo que consideran un proceso irregular y deficiente por parte de las autoridades.
En la comunidad de San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco de Bonfil, víctimas directas e indirectas señalaron que el saldo del siniestro —10 personas fallecidas y múltiples lesionados— no ha sido correspondido con medidas legales acordes a la gravedad del caso.
El abogado, Abraham Meses, quien se presentó como víctima indirecta, explicó que en la audiencia inicial el Ministerio Público imputó al conductor por homicidio culposo calificado agravado y lesiones culposas. Sin embargo, criticó que el juez únicamente impusiera medidas cautelares como firma periódica, prohibición de conducir transporte público y una garantía económica de 50 mil pesos, sin dictar prisión preventiva.
A decir de los familiares, estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del daño, pues no garantizan que el imputado enfrente el proceso penal sin riesgo de fuga.
Además, denunciaron que durante la audiencia no contaron con asesoría legal adecuada ni intérprete, pese a tratarse de una comunidad indígena, lo que consideran una violación al debido proceso y a sus derechos humanos.
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“Somos indígenas, pero no somos tontos. No nos vamos a quedar callados”, expresaron algunos de los asistentes, quienes también reclamaron la falta de una lista clara de lesionados, señalando que varias personas afectadas no han sido reconocidas oficialmente y, por lo tanto, no reciben atención ni apoyo.
Los afectados también responsabilizaron a la empresa transportista Amealcenses, al considerar que no solo el conductor tuvo culpa, sino también la compañía por permitir que operara en condiciones que —afirman— pusieron en riesgo la vida de los pasajeros.
En medio del reclamo, exigieron indemnizaciones justas, atención médica integral para los lesionados y representación legal independiente, incluso mediante la contratación de despachos privados, ante la desconfianza en la defensa proporcionada por instancias oficiales.
Por su parte, cuestionaron la ausencia de autoridades municipales en la reunión, así como la falta de acciones concretas más allá de apoyos económicos iniciales, que calificaron como insuficientes frente a la magnitud de la tragedia.
Los familiares advirtieron que continuarán organizándose como comunidad para exigir justicia y visibilizar el caso, al tiempo que hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar un proceso transparente, incluyente y con pleno respeto a los derechos de las víctimas.
