Por Andy García
*Te informamos sobre los 64 candidatos para este cargo público, de los cuales los mexicanos elegirán a cinco mujeres y cuatro hombres
La boleta color morado representa a los candidatos para Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo una votación histórica en México, este primero de junio los mexicanos elegirán a 5 ministras y 4 ministros Te compartimos un breve resumen de los 64 candidatos para la máxima autoridad judicial del país.
Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encargan de interpretar la Constitución y asegurar que las leyes y actos de gobierno se alineen con sus principios, al tiempo que protegen los derechos humanos de los ciudadanos. Su labor incluye actuar como árbitros en controversias constitucionales y resolver casos de amparo para salvaguardar a quienes ven vulnerados sus derechos por acciones de autoridades. Además, supervisan la actuación de otros jueces y tribunales, garantizando la coherencia en la aplicación de la justicia y contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en el país.
Hugo Aguilar Ortiz, con número 34 en la boleta electoral, es abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, con un enfoque en la justicia pluricultural y los derechos humanos. Entre sus propuestas destaca la creación de una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas “in situ” para establecer un diálogo directo con las personas y abordar los problemas de manera efectiva, sin los formalismos excesivos que suelen entorpecer el proceso.
Estela Fuentes Jiménez, con número 10 en la boleta es licenciada y maestra en Derecho, con especialización en Derecho de Amparo, Derecho Administrativo y Doctora en Derecho Constitucional. Su propuesta se centra en resolver los casos con una perspectiva de género, promoviendo la protección de los derechos humanos y buscando siempre impartir justicia en beneficio de los más necesitados.
Ricardo Garduño Pastén, con número 47 en la boleta, es catedrático y conferencista, además de autor de varios libros reconocidos tanto en México como en el extranjero, y ha recibido premios nacionales e internacionales. En sus propuestas, subraya la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la inclusión y celebre audiencias abiertas para escuchar a todas las partes en conflicto, así como a expertos, antes de emitir cualquier sentencia. Esto es clave para comprender el contexto técnico y real del asunto, y para enriquecer la resolución con perspectiva comparada.
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Paula María García Villegas Sánchez Cordero, con número 12 en la boleta es doctora en Derecho por la UNAM, con maestrías en Derecho por la LSE y en Economía por el ITAM. Propone un proceso judicial más transparente, donde se protejan los datos sensibles, y se utilice un lenguaje cotidiano y accesible. Además, aboga por sentencias más breves y claras, que faciliten la comprensión por parte de todos los ciudadanos.
Lenia Batres Guadarrama con número 3 en la boleta es licenciada, maestra y doctorante en Derecho, con estudios en Gestión Pública y Estudios de la Ciudad. Entre sus propuestas destaca la eficiencia en la administración de los recursos del Poder Judicial, priorizando el uso del presupuesto en infraestructura y en el desarrollo de herramientas que mejoren el acceso a la justicia. También busca erradicar los abusos y privilegios en la alta burocracia.
Eduardo Santillán Pérez con número 60 en la boleta es licenciado en Derecho por la UNAM. Propone una justicia accesible para todos, no solo para los privilegiados, asegurando que el acceso a la misma sea rápido, eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Se enfoca en proteger a las víctimas y garantizar penas justas para los infractores.
Arely Reyes Terán con número 25 en la boleta es maestra en Ciencias Penales por la BUAP y abogada por la UASLP. Su propuesta consiste en elaborar proyectos que prioricen los derechos de los grupos históricamente vulnerados por estructuras de poder desiguales, generadas por el sistema neoliberal y patriarcal.
César Mario Gutiérrez Priego con número 49 en la boleta se ha especializado durante más de 20 años en el ámbito penal, penal militar y seguridad nacional. Propone el uso de herramientas tecnológicas, como plataformas electrónicas, para agilizar los procesos judiciales, reducir la burocracia y hacer la justicia más accesible a todas las personas.
Mauricio Flores Castro con número 44 en la boleta es egresado de la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho. Su propuesta se basa en la creación de espacios abiertos para que los ciudadanos puedan plantear sus inquietudes jurídicas de manera directa.
Luz María Zarza Delgado con número 33 en la boleta es abogada y propone revisar el presupuesto del Poder Judicial, asegurando que los recursos se ejerzan de manera transparente y se reflejen en un sistema judicial más eficiente y cercano al pueblo.
Arístides Rodrigo Guerrero García con número 48 en la boleta es doctor y maestro en Derecho Constitucional. Su propuesta consiste en garantizar que las sentencias sean claras y accesibles, eliminando tecnicismos innecesarios y promoviendo su traducción a lenguas indígenas y formatos inclusivos, para fomentar la confianza y el acceso equitativo a la justicia.
César Enrique Olmedo Piña con número 58 en la boleta es jurista con más de 22 años de experiencia. Propone activar la función consultiva de la Suprema Corte para fomentar el diálogo entre los poderes del Estado en temas de interés nacional y complejidad jurídica.
Jaime Salvador García González con número 45 en la boleta es abogado, mediador certificado y perito traductor. No milita en ningún partido político. Su propuesta es sugerir medidas para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen o condición.
Dora Alicia Martínez Valero con número 19 en la boleta con es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Propone una Suprema Corte más cercana, que resuelva los casos relacionados con derechos humanos desde el lugar donde se origina el conflicto, priorizando las audiencias públicas.
Marisol Castañeda Pérez con número 5 en la boleta con es licenciada en Derecho, con maestrías en Derecho Fiscal y Justicia Adversarial, y doctorado en Derecho Penal. Su propuesta es fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial mediante una justicia abierta, transparente y que permita a la ciudadanía entender las razones detrás de cada resolución tomada por la Corte.
María Estela Ríos González con número 26 en la boleta es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Laboral y en Ciencias Políticas. Propone agilizar los procedimientos administrativos y judiciales en la SCJN, mejorando los sistemas informáticos para brindar una respuesta más eficiente y garantizar la certeza jurídica de los involucrados.
Lutgarda Madrigal Valdez con número 18 en la boleta es abogada y médico cirujano, originaria de Pánuco, Veracruz. Propone políticas públicas que promuevan el uso de medios alternativos para la solución de conflictos, priorizando el diálogo y la colaboración.
Ana María Ibarra Olguín con número 17 en la boleta es doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia (EE. UU.) y licenciada en Derecho por el CIDE. Propone una justicia con sentido social, orientada a proteger los derechos humanos y a brindar soluciones equitativas a todos los sectores.
Ángel Mario García Guerra con número 46 en la boleta es licenciado en Derecho, máster en Derecho Mercantil, máster en Derecho Procesal Penal y Doctor en Derecho Procesal. Su propuesta es limitar el uso de la suplencia en la queja, restringiéndola a casos donde haya una verdadera violación de derechos fundamentales.
Ma. Consuelo Rosillo Garfias con número 28 en la boleta es licenciada en Derecho, con maestría y doctorado en la misma disciplina. Su propuesta se enfoca en el bienestar del personal judicial, buscando garantizar su salud física, mental y emocional para asegurar un desempeño ético y competente en su función.
Natalia Téllez Torres Orozco con número 31 en la boleta es maestra y licenciada en Derecho, docente en la UNAM y la ELD. Propone que las resoluciones judiciales sean claras, protejan los derechos humanos y promuevan el desarrollo de las comunidades vulnerables.
Isaac de Paz González con número 40 en la boleta es doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, máster en Justicia Constitucional. Su propuesta se enfoca en ampliar las líneas jurisprudenciales en materia de amparo, promoviendo una justicia pronta y expedita para sectores vulnerables como mujeres víctimas de violencia, niños maltratados y pueblos originarios.
Olivia Aguirre Bonilla con número 1 en la boleta es doctora en Derechos Humanos y en Derecho Judicial, y profesora investigadora de la UACJ. Propone que las decisiones jurisdiccionales se basen en diversas áreas del conocimiento científico, para asegurar una resolución más completa y objetiva.
Gabriel Regis López con número 59 en la boleta es licenciado en Derecho por la UAEMEX y maestro en Derecho por la UNAM. Su propuesta es crear mecanismos simples para escuchar directamente a los grupos vulnerables en casos que involucren restricciones a sus derechos fundamentales, asegurando que la justicia sea receptiva a sus necesidades.
Silvia Escudero Mendoza con número 7 en la boleta es abogada y mediadora certificada, con especialización en Derecho Familiar. Su propuesta es fortalecer el acceso a la justicia mediante el uso de medios alternativos de resolución de conflictos, promoviendo el diálogo, la empatía y la colaboración.
Francisco Luna Jaime con número 54 en la boleta es abogado especializado en diversas áreas del derecho. Propone una mayor transparencia y rendición de cuentas, asegurando que las decisiones judiciales se tomen exclusivamente con base en la ley y los hechos, sin influencias externas.
Ulises Carlin De La Fuente ocupa el número 37 en la lista. Es Licenciado en Derecho por la UANL, con Maestría en Derecho Público por la misma institución y Doctorado en Derecho por la UDEM. Su propuesta principal es reducir el rezago en los asuntos relacionados con la corrupción, que tanto daño causa a la sociedad, así como aquellos vinculados con los derechos humanos de las personas más vulnerables.
Selene Cruz Alcalá, número 6 en la lista electoral, fue becaria del Tribunal Constitucional de España y meritoria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su propuesta se enfoca en impartir justicia con una visión de género y un compromiso con el bienestar social, asegurando que las sentencias consideren las desigualdades que enfrentan las mujeres, niñas y personas indígenas.
Irma Guadalupe García Mendoza ocupa el número 11. Es Licenciada en Derecho por la UNAM (1994), Maestra en Derecho Penal por el INACIPE, Maestra en Derechos Humanos por FLACSO, y Doctora en Derecho Penal y Maestra en Juicios Orales por el CESCIJUC. Propone fortalecer la capacitación continua del personal del Poder Judicial de la Federación, con un enfoque interseccional de derechos humanos y resolución de conflictos adaptado a las realidades sociales y jurídicas actuales.
Raymundo Espinoza Hernández, en el número 42 de la lista, es abogado y politólogo, maestro en Derecho Constitucional y especialista en Derecho de Amparo. También es profesor en la UNAM. Su propuesta es fortalecer la defensoría pública, impedir que la justicia se vea influenciada por intereses políticos o corporativos ilegítimos, y reformar el sistema con mayor transparencia.
Roberto Salvador Illanes Olivares, en el número 51 en la lista, es Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Panamericana y catedrático en el ITESM. Propone reducir el rezago en los casos de la SCJN mediante un sistema de retorno hacia los Plenos Regionales de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito.
Fabiana Estrada Tena, tiene el número 9 en la lista, es Licenciada en Derecho por la UNAM (con mención honorífica) y tiene una Maestría en Derecho por la Universidad de Virginia. Su propuesta incluye instalar mesas de trabajo y foros interinstitucionales para detectar necesidades, intercambiar ideas y experiencias, y promover un intercambio constante de información y capacitación.
Jaime Allier Campuzano, ocupa el número 35 en la boleta, estudió Derecho en la URSE, con un promedio de 9.8. Su Maestría en Derecho fue calificada con 9.3, y obtuvo un 10 en su Doctorado, ambos en la UABJO. Su propuesta es recuperar la confianza de la sociedad en los órganos de justicia mediante el profesionalismo de los juzgadores y un enfoque de justicia social.
Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, ocupa el número 50 en la lista, es Licenciado en Derecho por la U. Veracruzana, con mención honorífica, y tiene estudios de Maestría en Sociología por la U. de Chile. Propone establecer criterios claros para la facultad de atracción de la Suprema Corte, utilizando una técnica hermenéutica que garantice precisión y evite arbitrariedades.
Margarita Darlene Rojas Olvera, ocupa el número 27, es Licenciada en Derecho por la UNAM y tiene estudios de Maestría en Derecho del Trabajo en la Escuela Libre de Derecho. Propone aprovechar la tecnología y el acceso a la justicia a distancia para reducir los tiempos de resolución, utilizando inteligencia artificial y promoviendo un análisis integral, con especial atención a la perspectiva de género.
Antonio Sorela Castillo, con el número 62, es académico, investigador y defensor de los Derechos Humanos, además de capacitador de servidores públicos. Propone que las y los ministros se especialicen en áreas específicas, dado que no basta con conocimientos generales.
Eduardo José Torres Maldonado, con el número 63, es especialista en Amparo y Derecho Constitucional. Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Económico y Doctor en Filosofía. Propone que los nuevos juzgadores se rijan por una nueva moral y un código ético enfocados en la honestidad, la eficiencia y la dignidad humana.
Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, con el número 61, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y profesor de Derecho Constitucional con más de 34 años de experiencia. Propone una justicia constitucional participativa e inclusiva.
Alma Delia González Centeno, tiene el número 13 en la lista, tiene Licenciatura en Derecho por la UASLP y Maestría en Derecho Procesal Constitucional por el CEAD de Querétaro. Propone abrir la SCJN a la ciudadanía a través de foros públicos donde cualquier persona pueda expresar sus preocupaciones sobre acciones de inconstitucionalidad, fomentando un diálogo democrático.
Marisela Morales Ibáñez, tiene el número 20 en la lista, es Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestra en Ciencias Penales por el INACIPE y Doctora en Política Criminal. Propone reformas para fortalecer la Defensoría Pública, garantizando personal especializado y procesos homologados en los ámbitos federal y local.
Sergio Javier Molina Martínez, tiene el número 55, es abogado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Maestro en Derecho por la UNAM y Doctor en Derecho por la UP. Propone escuchar a todos los sectores de la sociedad para que puedan opinar y participar en el proceso de mejora de la justicia.
Sara Irene Herrerías Guerra, con el número 16 en la boleta electoral, es Doctora en Ciencias Penales, Maestra en Criminología por el INACIPE, y Licenciada en Derecho por la UNAM. Propone que las sentencias sean claras, sencillas y accesibles para los destinatarios, eliminando tecnicismos innecesarios.
Magda Zulema Mosri Gutiérrez, con el número 21 en la lista, es Licenciada en Derecho por la UNISON, Maestra en Gestión Pública por el Tec de Monterrey, y Doctora en Derecho por la UNAM.
Guillermo Pablo López Andrade, con el número 53 en la lista, es Abogado por la UAEMEX, Maestro en Derecho y Desarrollo por Warwick, y Doctorante en Derecho por la Universidad Panamericana. Propone iniciativas para que los casos de la SCJN se sustancian en audiencias públicas, donde las partes puedan presentar alegatos, pruebas y conclusiones.
Javier Jiménez Gutiérrez, con el número 52, es Abogado por la UNAM, y Maestro en Derecho y Estudios Latinoamericanos por las Universidades de Harvard y Oxford. Propone la modernización del Poder Judicial, manteniendo sensibilidad hacia nuestra historia y pluralismo.
Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, con el número 32 en la lista, es Doctora en Derecho Penal, Doctora en Praxis de la Educación, y Maestra en Administración de Justicia y Seguridad Pública. Propone garantizar la accesibilidad y la inclusión en el sistema judicial mexicano.
Rebeca Stella Aladro Echeverría, con el número 2 en la lista, es Licenciada en Derecho con Maestría en Administración de Justicia y Medios Alternos de Solución de Conflictos. Su propuesta es hacer más ágiles los juicios de amparo, promoviendo la oralidad y evitando el uso excesivo de formalidades que retardan la justicia.
Federico Anaya Gallardo, con el número 36, es Abogado y Politólogo, con experiencia como profesor auxiliar en diversas universidades. Propone que la Corte dé prioridad a los asuntos que afectan directamente al pueblo, acercándose a estos de manera clara y razonada.
Loreta Ortiz Ahlf, con el número 22 en la lista, es abogada por la Escuela Libre de Derecho, Maestra y Doctora en Derechos Humanos por la IBERO y UNED. Propone un mecanismo para identificar y atraer casos de especial relevancia relacionados con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Abraham Amiud Dávila Rodríguez, con el número 39 en la lista, es abogado con Maestría en Derecho Constitucional y Doctorante en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara. Propone capacitación constante en derecho y sensibilización para generar conciencia y fomentar empatía con la sociedad.
Giovanni Azael Figueroa Méjia, con el número 43 en la lista, es autor de tres libros y cerca de 50 textos académicos. Propone el diálogo constante con los poderes Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos.
Luis Edwin Molinar Rohana, número 56, tiene más de 25 años de experiencia jurisdiccional, 15 de ellos como Magistrado en el TFJA. Propone terminar con los juicios eternos y costosos.
Yasmin Esquivel Mossa tiene el número 8 en la lista electoral es doctora en Derecho y propone construir una justicia que inspire confianza y se convierta en una aliada de la sociedad, garantizando libertades, bienestar y desarrollo equitativo. Su enfoque promueve la participación ciudadana a través del diálogo y la cooperación entre los actores del sistema judicial.
Jazmín Bonilla García tiene el número 4 en la lista electoral, es licenciada en Derecho y doctoranda en Derecho por la Universidad Panamericana. Además, es maestra en Derechos Humanos y Democracia por FLACSO. Su propuesta se centra en la integración de una visión crítica y moderna de la justicia.
Cynthia Ortiz Monroy con el número 23 en la lista es abogada con un enfoque en la aplicación de la inteligencia jurídica con perspectiva de género y derechos humanos. Propone la creación de brigadas jurídicas populares para acercar a la ciudadanía a la Suprema Corte y asegurar que todos conozcan sus derechos y responsabilidades. Se compromete a promover la enseñanza del Derecho desde una perspectiva inclusiva y con enfoque en la justicia social.
Edgar Corzo Sosa ocupa el número 38 en la lista electoral, es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de París I y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Su propuesta es la creación de una Suprema Corte itinerante, acercando la justicia a todos los rincones del país.
Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez ocupa el número 30 en la lista electoral, es profesora de Derecho Romano, Civil y Derecho Electoral con más de 15 años de experiencia en diversas universidades. Propone emitir sentencias claras, concisas y accesibles para los destinatarios, asegurando que sean breves, honestas en su decisión y claras en su redacción.
Irving Espinosa Betanzo con el número 41 en la lista es licenciado y maestro en Derecho, especialista en Gestión Pública y doctorando en Administración Pública. Su propuesta está orientada a acercar la justicia a la ciudadanía, promoviendo una conexión real entre el sistema judicial y la sociedad.
Mónica Arcelia Güicho González con el número 15 en la lista electoral es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y ha completado estudios de posgrado y doctorado. Propone institucionalizar el diálogo y la deliberación ciudadana en el ámbito judicial, incorporando nuevas perspectivas, con un énfasis particular en la igualdad de género, la protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones ágiles para los problemas de la población.
Carlos Enrique Odriozola Mariscal con el número 57 en la lista electoral es abogado, maestro y doctorando por la UNAM, con especialidades en COLMEX, UP, Salamanca, IIJ, y Harvard. Profesor en la UNAM y UP. Propone un enfoque firme contra la corrupción, denunciando y sancionando a aquellos que violen la ley.
Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano con el número 64 en la lista es doctor Cum Laude en Derecho, máster en Derecho Comunitario y diplomado en Juicio de Amparo. Su propuesta es fortalecer la capacitación continua de los jueces, impulsando programas de formación permanente en derechos humanos, jurisprudencia constitucional y nuevas áreas del derecho, para asegurar que los jueces se mantengan actualizados y preparados para resolver casos complejos con imparcialidad y base legal.
Rosa Elena González Tirado con el número 14 en la boleta tiene más de 34 años de experiencia impartiendo justicia, habiendo cursado su licenciatura, especialidad y maestría en la UNAM. Su propuesta se basa en la imparcialidad y el respeto a la diversidad en la impartición de justicia.
Gloria Rosa Santos Mendoza con el número 29 en la lista electoral es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Aunque fue candidata a la Suprema Corte postulada por el Poder Ejecutivo, decidió retirarse de la contienda en febrero de 2025.
