*En ninguno de los dos casos se pudo acreditar la autorización por la autoridad ambiental
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso medidas de seguridad en el estado de Durango tras detectar irregularidades ambientales, consistentes en la clausura total temporal de un banco de extracción de materiales pétreos en el lecho seco del río Nazas, en el municipio de Lerdo, así como la clausura temporal parcial de una planta de tratamiento de aguas residuales en el poblado Morcillo, en el municipio de Durango.
El pasado 9 de abril, personal de la Profepa acudió al lecho seco del río Nazas para realizar una inspección en materia de impacto ambiental, donde constató que se había habilitado una superficie aproximada de dos hectáreas para actividades de extracción de grava y arena, incluyendo patio de maniobras, instalación de cribas y áreas de almacenamiento.
Durante la diligencia no se presentaron las autorizaciones correspondientes para realizar obras y actividades en ríos o zonas federales, conforme a la legislación ambiental vigente, por lo que se impuso una clausura total temporal del proyecto, para evitar mayores afectaciones al entorno.
Por otra parte, en atención a una denuncia ciudadana, el 13 de abril personal de la Profepa realizó una visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de lodos activados ubicada en el poblado Morcillo.
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En el sitio se detectaron deficiencias en el proceso de tratamiento, así como la falta de documentación indispensable para su operación. No se acreditó contar con permiso de descarga para verter aguas al Arroyo Las Cabras, el cual desemboca en la Presa Peña del Águila, ni se presentaron estudios de caracterización conforme a las normas oficiales aplicables.
Asimismo, se observaron condiciones inadecuadas en la operación de la infraestructura, lo que representa un riesgo inminente de contaminación a cuerpos de agua nacionales.
Por lo anterior, la Profepa impuso la clausura temporal parcial de la planta e instauró el procedimiento administrativo correspondiente para determinar responsabilidades y prevenir daños al medio ambiente.
La Procuraduría dará seguimiento a ambos casos para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la protección de los recursos naturales.
