*Yasmín Esquivel señaló que las autoridades deben aplicar medidas diferenciadas de protección cuando exista una situación verificable de vulnerabilidad en personas adultas mayores involucradas en procesos penales
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un asunto relacionado con el derecho de las personas adultas mayores a contar con acompañamiento especializado cuando participan en un proceso penal.
Durante el análisis del amparo directo en revisión 7330/2025, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales realicen ajustes razonables y adopten medidas diferenciadas de protección para este sector de la población, especialmente cuando existan condiciones de vulnerabilidad.
El caso estudiado por la Corte corresponde a dos personas adultas mayores que fueron condenadas por el delito de despojo. En este contexto, la ministra subrayó que las personas de edad avanzada pueden enfrentar barreras particulares derivadas de condiciones de salud, dependencia, vulnerabilidad cognitiva y desventajas estructurales que afectan su acceso pleno a la justicia.
Esquivel Mossa coincidió con el proyecto al señalar que no basta únicamente con verificar la presencia formal de un abogado o abogada, sino que debe garantizarse una protección sustantiva y efectiva durante el proceso penal.
Asimismo, puntualizó que no en todos los casos debe intervenir de manera automática el sistema de protección para personas adultas mayores, sino únicamente cuando exista una situación clara y verificable de vulnerabilidad que justifique el acompañamiento adicional.
“Esta medida debe activarse y hacerse efectiva únicamente cuando la situación particular gire en torno a una situación material de vulnerabilidad que haga necesario el acompañamiento adicional, para equilibrar las condiciones estructurales de desventaja y asegurar que la persona adulta mayor participe en el proceso penal en condiciones auténticas de comprensión, dignidad e igualdad”, expresó la ministra.
Finalmente, la integrante de la SCJN se pronunció a favor de reconocer que el derecho a una defensa adecuada también implica que las personas adultas mayores puedan contar con el acompañamiento especializado de agentes del sistema de protección correspondiente, siempre bajo el criterio prudente del juzgador y cuando existan elementos que acrediten vulnerabilidad.
