*La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que el derecho a la identidad es la puerta de acceso a otros derechos fundamentales
En la resolución del amparo en revisión 423/2025, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron medidas para garantizar el derecho a la identidad de integrantes de la comunidad Rarámuri de Tehuerichi, en el estado de Chihuahua.
Durante la discusión del caso, la ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que el derecho a la identidad no debe considerarse una simple formalidad administrativa, sino un derecho humano fundamental que abre la puerta al ejercicio de otros derechos.
El máximo tribunal del país concedió el amparo para que las autoridades responsables diseñen políticas públicas que permitan garantizar este derecho a las y los integrantes de la comunidad indígena. Entre las medidas ordenadas se encuentran la realización de campañas registrales y la posibilidad de que, para la expedición y remisión de constancias de actas del estado civil, sea suficiente presentar los registros realizados por el gobernador tradicional de la comunidad.
La resolución se refiere específicamente a la comunidad Rarámuri de Tehuerichi, ubicada en el estado de Chihuahua, donde muchas personas enfrentan dificultades para obtener documentos oficiales como actas de nacimiento o defunción.
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Durante su intervención, Esquivel Mossa subrayó que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos debe basarse en una perspectiva multicultural, en la que las personas juzgadoras comprendan el contexto de quienes acuden en busca de justicia y se liberen de prejuicios.
“Una adecuada perspectiva de multiculturalidad implica dejar claro que no venimos a declarar u otorgar derechos; nuestra labor es reconocer y garantizar aquellos que, por esencia, siempre han pertenecido a nuestros pueblos indígenas”, expresó.
La ministra también señaló que el registro de nacimiento garantiza la existencia jurídica de una persona, mientras que el registro de defunción brinda certeza y seguridad jurídica no solo en el ámbito legal, sino también en el cultural y espiritual.
Con esta decisión, la SCJN reconoce y protege la validez de las autoridades tradicionales de estas comunidades, así como su cosmovisión y formas propias de organización, bajo un esquema de coordinación respetuosa con las instituciones del Estado.
Finalmente, Esquivel Mossa destacó que este tipo de resoluciones fortalecen un modelo de justicia constitucional que escucha y reconoce la diversidad del país, avanzando hacia el cumplimiento del mandato constitucional de construir un México verdaderamente pluricultural.
