Por Andy García
*Angeluchy Sánchez asevera que trabajará por proponer acciones concretas para la comunidad sin importar colores
Aunque Querétaro es uno de los estados con mayor población LGBT+ registrada y con una participación destacada durante el mes del orgullo, la comunidad transexual sigue enfrentando profundas desigualdades y violencias sistemáticas, especialmente las mujeres trans, denunció Angeluchy Sánchez González, secretario de la Diversidad en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad.
“Querétaro está entre los estados con más población de la diversidad, y eso lo convierte en un referente. Pero también evidencia la falta de políticas efectivas que garanticen derechos básicos. Mi trabajo es incluir a todas las personas, sin importar colores políticos”, explica Sánchez González.
Uno de los principales focos de discriminación es el ámbito laboral. De acuerdo con denuncias recopiladas por la Defensoría de los Derechos Humanos del estado, las mujeres trans sufren despidos injustificados y violencia psicológica dentro de empresas y establecimientos.
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“No se trata de violencia física directa, como en otros estados, pero sí hay un maltrato psicológico constante que las margina y las excluye del entorno productivo”.
El problema se extiende también al acceso a la salud, en donde Sánchez González señala que el proceso de hormonización, parte fundamental de la transición para muchas personas trans, es ignorado por el sistema de salud pública.
“El tratamiento de reemplazo hormonal no está contemplado en la lista de servicios médicos del ISSSTE o del IMSS. Lo consideran un tema estético, lo cual es un grave error. No hay endocrinólogos en Querétaro para atender estos casos”.
Esta falta de atención médica adecuada, dijo, ha llevado a que muchas mujeres trans recurran a tratamientos hormonales sin supervisión profesional, con serios riesgos para su salud.
“En San Juan del Río tuvimos un caso muy delicado: una mujer trans se sometió a una cirugía de reasignación mal realizada. El daño fue enorme, y aún continúa en proceso legal”.
Ante esta realidad, propone acciones concretas: que el sistema de salud reconozca la transición como un derecho médico, que se capacite al personal de salud y se incluya a especialistas, además de implementar políticas públicas específicas para garantizar el acceso al empleo y a una vida libre de discriminación para las personas trans.
