*El mandatario estatal consideró positivo que el Gobierno de México analice medidas orientadas a proteger a la población infantil y adolescente frente a los efectos del uso excesivo de las plataformas digitales
El respaldo expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a una regulación del uso de redes sociales entre menores de edad representa un avance para una iniciativa que Querétaro impulsó desde hace más de un año, aseguró el gobernador Mauricio Kuri González.
El mandatario estatal señaló que la denominada Ley Kuri, enfocada en restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, surgió como una estrategia para proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes, tema que, afirmó, hoy forma parte del debate nacional e internacional.
Kuri González recordó que esta propuesta fue presentada a la presidenta durante una reunión celebrada en diciembre pasado y consideró positivo que el Gobierno de México analice medidas orientadas a proteger a la población infantil y adolescente frente a los efectos del uso excesivo de las plataformas digitales.
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De acuerdo con el gobernador, la estrategia implementada en planteles educativos de la entidad ha generado resultados favorables, entre ellos una disminución de los casos de acoso escolar, mayor concentración en las aulas, mejor convivencia entre estudiantes y un incremento en el rendimiento académico.
Asimismo, sostuvo que la salud mental de niñas, niños y adolescentes debe consolidarse como una política pública prioritaria, al considerar que el uso desmedido de las redes sociales representa uno de los principales retos para este sector de la población.
En ese contexto, informó que su administración mantiene el impulso de otras iniciativas de protección a la infancia y adolescencia, como la Ley Chepe, además de una propuesta para endurecer las sanciones contra quienes involucren a menores de edad en la comisión de delitos.
El gobernador explicó que esta reforma busca fortalecer el marco legal para castigar con mayor severidad a las personas que utilicen a niñas, niños o adolescentes en actividades ilícitas, como parte de una estrategia integral de protección a este grupo de la población.
