*Mencionaron que todo lo recuperado y construido colectivamente en estos parlamentos abiertos, así como en todos los foros regionales, será defendido para que se refleje en el dictamen que revisarán las Comisiones Unidas a las que fue turnada la iniciativa
El diputado Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión legislativa de Seguimiento de la Agenda 2030, encabezó la presentación del Informe de resultados del Parlamento Abierto sobre la nueva Ley de Agua de Querétaro, contando con la asistencia del presidente de la Mesa Directiva, diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, así como de las diputadas Andrea Tovar Saavedra, Rosalba Vázquez Munguía, María Eugenia Margarito Vázquez y Claudia Díaz Gayou, así como representantes de colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Al dar la bienvenida a los asistentes, el diputado Eric Silva agradeció a los panelistas y a sus compañeros diputados por su participación en este Parlamento Abierto, “estamos aquí para acompañar a la ciudadanía, que decidió organizarse, dialogar, escuchar y trabajar de la mano de las personas expertas, con perfiles técnicos, científicos y académicos, para poder llevar a cabo un parlamento abierto y construir la propuesta nueva de una Ley de Aguas para el estado, para lograr una ley que esté verdaderamente al servicio de todas y todos los queretanos”, afirmó. Expresó que asume el compromiso de seguir socializando esta iniciativa, así como lo ha venido realizando, mediante foros regionales en todas las zonas del estado, para que más personas conozcan y hagan suya esta propuesta de iniciativa de ley.
Sostuvo que todo lo recuperado y construido colectivamente en estos parlamentos abiertos, así como en todos los foros regionales, será defendido para que se refleje en el dictamen que revisarán las Comisiones Unidas a las que fue turnada la iniciativa. Asimismo, dijo que también mantendrán abiertos los canales de diálogo y participación, tanto en los próximos foros regionales, como a través de sus oficinas, durante todo el proceso legislativo: desde la discusión en comisiones, hasta su eventual votación en el Pleno de la Legislatura. “Lo hacemos porque existe una profunda preocupación ciudadana, frente a una realidad marcada por la falta de apertura institucional, los problemas en la gestión del agua, el desabasto, los tandeos y los cobros excesivos”, sostuvo el legislador.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sinuhé Piedragil, reconoció estos trabajos encabezados por el diputado Eric Silva, así como otras acciones en la materia llevadas a cabo por otros legisladores. Expresó que para Morena en Querétaro es muy importante en el tema hídrico en su agenda. Dijo que en 10 años, la población se duplicó de un millón cien mil a casi 2 millones de habitantes, y consideró que después del 2027 habrá un incremento exponencial debido a la construcción del proyecto ferroviario México-Querétaro, por lo cual sostuvo que hoy es indispensable empezar a discutir el tema del agua, así como lo relativo a los servicios metropolitanos y las nuevas relaciones socioeconómicas. “Estamos a muy buen tiempo para hacer una propuesta de la política hídrica en el estado e ir visualizando este potencial crecimiento demográfico, sobre todo en la zona metropolitana, y (…) construir una iniciativa e ir generando una discusión amplia y consensos dentro del proceso legislativo, para que pueda ser publicada”, expresó el legislador.
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Durante su intervención, la diputada Andrea Tovar Saavedra destacó que los trabajos de este parlamento abierto permitieron escuchar voces diversas que se convertirán -dijo- en un insumo fundamental para el análisis legislativo que se realizará en las Comisiones Unidas. Por otra parte, reconoció que Querétaro enfrenta desafíos importantes, como: crecimiento poblacional, estrés hídrico, contaminación, sequías cada vez más frecuentes y la necesidad de garantizar el acceso al agua para todas y todos. Por lo cual -afirmó- que la nueva legislación deberá contener un equilibrio entre la protección de las fuentes de agua, la sustentabilidad ambiental y el acceso equitativo para todas las personas. Reconoció que, como integrantes de las Comisiones Unidas, tienen una gran responsabilidad y por ello su deber será estudiar con seriedad cada propuesta, analizar sus implicaciones y construir un marco jurídico que responda a las necesidades reales de la población. “Tengan la certeza de que cada propuesta será analizada con seriedad en el proceso legislativo. Queremos una ley que garantice el derecho humano al agua, que proteja nuestros recursos naturales y que responda a las necesidades presentes y futuras de todo el estado de Querétaro”, concluyó.
Como invitados especiales, se contó con la presencia de la oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jimena Ramos Cevallos; el coordinador general del Inventario Nacional de Calidad del Agua, en representación de la Coalición Regional de Redes del Agua en Latinoamérica, Capítulo México, Juan Manuel Roy; el coordinador de la Red Mexicana de Cuencas, Eduardo Díaz Patron; así como Claudia Romero, de Bajo Tierra Museo del Agua; Maricarmen Jiménez, de Ecológicas Urbanas; Luis Gerardo Ayala, de La Casa del Agua de Tolimán; Francisco Landa, de Awita, Vida y Territorio; María del Carmen Siurob, vocera de la Madre Tierra.
En el desarrollo de la reunión, los representantes de cada mesa presentaron sus conclusiones (se anexa informe de resultados completo), destacando lo siguiente en cada una de ellas:
La mesa 1, relativa a: Servicios públicos de agua y Servicios públicos de agua y saneamiento, dio a conocer sus conclusiones, en donde destaca el resultado de la encuesta realizada en torno a la pregunta: ¿Estás de acuerdo con terminar con la privatización de los servicios de agua potable? A lo cual se informó que el 83.9% respondió que sí; el 12.9% se pronunció por mayor regulación y auditoría, y el 3.2%, respondió que no.
La mesa 2, con el tema: Agua limpia y salud pública, informó también sobre el resultado de su encuesta, en cuanto a la pregunta: ¿Se debe prohibir el uso de aguas residuales tratadas para consumo humano? A lo cual el 43.8% contestó que sí; el 9.4% respondió que no; el 9.4% dijo que sí por ahora y planear reúso a futuro; y el 37.5% se pronunció por restringir con estándares más estrictos.
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La mesa 3, referente al tema: Costos, tarifas y participación ciudadana, dio a conocer sus resultados, destacando las siguientes áreas de oportunidad:
Pago de derechos, no tarifas: modificar denominación para la certeza jurídica y legalidad del cobro. Auditar finanzas: revisar excedentes presupuestales y destino de recursos en la CEA.
Programas anuales de inversión: para transparentar el uso de recursos.
Representatividad: Más representación regional, de jóvenes y pueblos originarios, y grupos marginados en el Consejo Ciudadano.
Costo ecológico: añadir el costo ecológico del servicio al cálculo del cobro.
Ajustar subsidios y fórmula tarifaria: revisar porcentajes y estratificaciones para garantizar asequibilidad sin comprometer sostenibilidad financiera. Que subsidios sean descuentos sobre monto base, como CFE. Sin subsidio para alto consumo.
Límites al consumo excesivo: limitar la instalación de nuevas industrias con alto consumo hídrico hasta recuperar la capacidad de carga en la cuenca.
Obligación presupuestaria: el cumplimiento del derecho humano al agua no está sujeto a disponibilidad presupuestal.
La mesa 4, con el tema Protección ambiental y cultura del agua, presentó sus resultados, destacando las siguientes áreas de oportunidad:
Fortalecer el enfoque de cuenca ordenamiento territorial: asegurar que la definición de la gestión tenga un marco conceptual que se ciña al manejo integrado de cuenca. Definir delimitación de las cuencas y homogeneizar sus límites en los distintos programas.
Integridad de la cuenca y capacidad de carga hídrica: Definirlas y operativizarlas en la iniciativa, la segunda ligada a la disponibilidad y la primera a la evaluación y monitoreo del agua y la cuenca.
Ordenamiento territorial: Incorporar la obligación de estudios de infiltración y recarga, con supervisión ciudadana.
Prohibir cambios de uso de suelo en zonas de recarga.
