Por Andy García
*Considera que faltó interés para convertirlas en políticas públicas
La suspensión provisional de la corrida de toros programada para la Feria Nacional Ganadera de San Juan del Río también reabrió la discusión sobre las políticas públicas en materia de bienestar animal que se han impulsado en el municipio durante los últimos años.
Al respecto, Erika Rosales Moreno, fundadora de la Asociación Civil La Última Jaula y especialista en derecho animal y políticas públicas de bienestar animal, aseguró que durante su paso por la administración municipal de San Juan del Río promovió diversas iniciativas enfocadas a la protección de los animales, aunque reconoció que no encontraron el respaldo suficiente para consolidarse.
La activista recordó que colaboró dentro del gobierno municipal en temas relacionados con ecología y protección animal, periodo en el que impulsó proyectos enfocados al control poblacional ético, campañas de concientización y acciones de bienestar animal que, aseguró, fueron desarrolladas incluso con recursos y gestiones propias.
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“Yo sí presenté proyectos de bienestar animal por la misma razón ética que me motiva a hacer esto. Desafortunadamente no hubo un interés por realizar políticas públicas de bienestar animal que realmente generen números”, señaló.
Explicó que durante su gestión se realizaron convenios y acciones que permitieron avanzar en algunos temas relacionados con la protección animal; sin embargo, consideró que el municipio perdió la oportunidad de consolidar una estrategia integral que trascendiera administraciones.
“Generamos una cantidad de trabajo que no se había visto en ninguna otra administración en menos de dos años. Muchas cosas se hicieron incluso sin presupuesto y con apoyo de la sociedad civil, porque para mí siempre ha sido un tema ético más que político”, afirmó.
Erika Rosales consideró que la discusión generada por las corridas de toros debe servir para impulsar una agenda más amplia en favor del bienestar animal, que contemple políticas permanentes y una mayor participación de las autoridades en la construcción de una cultura de respeto hacia todas las formas de vida.
