Por Andy García
*Por decisión unánime, los magistrados denegaron la demanda del gobierno mexicano, frustrando sus intentos por frenar el tráfico de armas desde los tribunales
La batalla legal emprendida por México contra grandes fabricantes de armas en Estados Unidos ha llegado a su fin. El Tribunal Supremo de ese país cerró la puerta a la posibilidad de que estas compañías enfrenten responsabilidades por el flujo de armas que terminan en manos de grupos criminales al sur de la frontera. Con una decisión unánime, los magistrados desestimaron la demanda del gobierno mexicano, frustrando sus intentos por frenar el tráfico desde los tribunales.
El argumento central de la Corte se basó en una ley vigente desde 2005 que resguarda a los productores de armas de ser demandados por el uso ilegal de sus productos. En su fallo, la jueza Elena Kagan explicó que no se logró demostrar que las empresas hayan actuado de forma deliberada para violar la normativa vigente. Esto cierra la puerta a una demanda que reclamaba 10 mil millones de dólares en daños.
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México sostenía que compañías como Glock, Smith & Wesson y Colt actuaron con descuido al no controlar adecuadamente la distribución de sus armas, permitiendo que llegaran a organizaciones criminales. El gobierno creía estar actuando dentro de un marco legal que permite excepciones cuando hay conductas intencionalmente ilícitas, pero el Supremo no compartió esa visión.
La resolución pone en evidencia las profundas diferencias en materia de armas entre los dos países: en Estados Unidos, el derecho a portarlas está constitucionalmente protegido, mientras que México mantiene leyes mucho más estrictas y sufre las consecuencias del armamento que cruza la frontera ilegalmente.
